La humedad descompone las cañas de la covacha de Johana Cedeño. El olor a podredumbre, que también emana de la tierra mojada, se camufla con el del vapor de un pescado que se fríe sobre una sartén en un rincón de la vivienda. En una sola habitación ha distribuido la cocina, los dormitorios -que realmente son solo dos colchones-, un sofá, electrodomésticos y cajoneras con su ropa, la de su esposo y sus tres niñas. Ella es parte de una de las aproximadamente 450 familias que, a dos años del terremoto que azotó Manabí y Esmeraldas, aún viven asentadas ilegalmente en Pedernales. La falta de lugares para alquilar en este cantón manabita, sumado a los elevados precios por este servicio, la empujó a invadir un terreno municipal en el sector Divino Niño. Allí, más de una decena de familias llegó a vivir irregularmente tras el movimiento de 7,8 en escala de Richter, ocurrido el 16 de abril de 2016 y que destrozó 2.792 edificaciones en esa localidad, de las 5.864 que revisó el Ministeri
sudor, lágrimas, saliva y sangre.