La sala de la casa donde vivió Matilde Montero tiene un
mueble más, uno escalofriante, desde el 28 de marzo de 2020. Es su propio
ataúd. Una caja que su familia intenta inútilmente camuflar entre mesas y sofás
para no sentir horror, para no llorar porque aún no han podido recuperar su
cadáver.
Tenía 72 años. El coronavirus
la mató y ahora, su cuerpo está mezclado entre cientos de restos humanos en
descomposición en algún contenedor afuera del cementerio de Pascuales, en
Guayaquil, Ecuador.
No es una película de terror, es la realidad de Guayaquil,
una ciudad porteña de ese país Sudamericano de 17.08 millones de habitantes. Un
escalofriante escenario que el COVID-19 erigió en sus calles: muertos
descomponiéndose en casas, apilándose en morgues y recipientes, muchos sin
identidad, y la saturación de hospitales públicos y privados.
Carla Cobos, hija de Matilde Montero, podría protagonizar
cada una de las dolorosas escenas que la pandemia ha obligado a vivir a sus
habitantes. Desde que su madre contrajo
el virus, ha padecido de las irregularidades en los protocolos sanitarios por
el desborde de fallecimientos que provocaron el colapso del sistema de salud de
este país.
Todo empezó en 28 de febrero de 2020, cuando la exministra
de Salud Catalina Andramuño anunció el primer contagio en el Ecuador en una mujer
de 71 años. Llegó desde Madrid el 14 de febrero de 2020 y, desde esa fecha
hasta que fue ingresada a cuidados intensivos, asistió a múltiples reuniones y
fiestas familiares.
Desde hace tres meses, el país registra oficialmente 22.160
contagiados confirmados, lo que lo convierte en el segundo en Latinoamérica con
más casos. De esta cifra, 7.791 corresponden a la provincia del Guayas, cuya
capital es Guayaquil. Pero los números
oficiales no cuadran con lo que sus habitantes perciben en centros médicos,
forenses y cementerios colapsados y en medidas de aislamiento preventivos que
la ciudadanía cumple a medias.
Esto ha hecho que Guayaquil sea en un eco de tragedia y
negligencia que se replica como un ‘mal ejemplo’ de actuación durante la crisis
sanitaria en todo el mundo y que, según Carla, ha visibilizado la mala
actuación del Gobierno, liderada por Lenín Moreno. Esto se refleja en las redes
sociales, transformadas en una ventana de denuncias ante la crisis.
Ella mismo usó su cuenta de Twitter para quejarse por todo
lo que había padecido desde la muerte de su madre, el 27 de marzo. Matilde
falleció por COVID-19, sin embargo, no es parte de las cifras oficiales porque
aunque tuvo una prueba positiva, en su certificado médico de defunción
atribuyeron su deceso a una “insuficiencia respiratoria por neumonía
bacteriana”.
La voz de Carla se corta y de sus ojos brotan lágrimas de
impotencia cuando recuerda la pesadilla vivida desde que su madre fue internada
en un hospital público el 21 de marzo. El dolor la ha acostumbrado a llorar y a
reclamar al mismo tiempo. La declaratoria de emergencia en el país, anunciada
el 11 de marzo, llegó ligada con el aislamiento domiciliario que le
imposibilitaba a Carla estar junto a su madre en el hospital.
Las comunicaciones eran vía telefónica y durante la
convalecencia de Matilde recibió información errónea y escasa sobre su estado
de salud. Incluso, denunció que no le avisaron que su familiar había fallecido.
Su hermano tenía que moverse a diario hasta la morgue del hospital del Guasmo
Sur, donde trasladaron su cadáver.
Afuera del hospital, el sudor corría profuso por su frente y
en las mejillas se le confundían con las lágrimas. Tenía que aguardar todo el
día para tener noticias de su familiar en una ciudad tan calurosa que durante
el día alcanza los 34 grados centígrados. En esa morgue, tuvo que ingresar y
sortear cuerpos putrefactos, probablemente contaminados por el virus, para
revisar cadáver por cadáver para ver si reconocía a su madre. Muchos deudos
tenían que pagar para el macabro ingreso.
Hasta el 23 de abril de 2020, en
Ecuador el virus había matado a 560 personas, y otras 1.028 murieron bajo
sospecha. Un total de 1588 fallecimientos
relacionados a la pandemia. No obstante,
Luis Sarrazín, médico y quien fue Ministro de Salud del Ecuador y analiza de la
situación, asegura que los datos que maneja el Gobierno central no son ni una
mínima parte de la catástrofe que ha ocurrido en Guayaquil. “Esto se les salió
de las manos”, criticó.
Solo entre el 30 y 31 de marzo
pasado, el Registro Civil ecuatoriano registró 722 certificados de defunción en
la provincia del Guayas, territorio donde había un promedio de no más de 50 inscripciones
diarias. Solo en la primera quincena de abril hubo 6703 defunciones.
Normalmente, hay 1000. ¿Las causas de muerte? Difícilmente se sabrán porque de
acuerdo a Gustavo Zárate, director General del Servicio Forense de Medicina
Legal del país, el número de fallecimientos al día que han ocurrido en
Guayaquil desde que empezó la pandemia, superan la capacidad de trabajo en los
centros forenses, donde se ejecutan como promedio 15 autopsias en ese periodo
de tiempo.
Ni el servicio forense de la
Policía, ni el Ministerio de Salud Pública (MSP) realiza pruebas o autopsias a
los fallecidos, por lo tanto las causas de defunción quedaron en el limbo. Durante
el primer mes de la emergencia, Zárate calculaba que había entre 30 y 40
muertes diarias. Cifra que se duplicaba en los registros de las funerarias de
la ciudad. Según Mervin Terán, presidente de la Federación de Organizaciones
Sociales Dedicadas a Servicios Exequiales del Ecuador, como mínimo, cada una de
las 30 funerarias que están trabajando durante la emergencia en Guayaquil pudo
vender hasta 50 ataúdes al día durante marzo y los primeros días de abril.
Esta proliferación de decesos
convirtió a la ciudad porteña en una morgue. Hubo personas que, a causa de la
saturación hospitalaria y falta de atención en la línea telefónica de
telemedicina que implementó el Gobierno, fallecieron en sus domicilios. Ese fue
el caso Tomás Tumbaco, quien dejó de existir durante la madrugada del 22 de
marzo. Tenía tos, fiebre y problemas para respirar.
Una sábana rosa cubría sus restos
que impregnaba el doloroso hedor de la muerte en las paredes de la casa y en el
dolor de sus familiares. Su cadáver permaneció por más de tres días dentro de
su casa, a pesar de que sus familiares llamaron por incontables veces al 911.
El olor de la muerte laceraba las fosas nasales de Clarisa Tumbaco, su hija.
Tuvo ‘suerte’, porque hubo cuerpos que se descomponían hasta por 10 días con
sus parientes dentro de los domicilios.
Un protocolo emitido por el MSP
luego de que la paciente 0 falleciera el pasado 14 de marzo, impedía la
celeridad en el proceso de levantamiento de cuerpos. Mandaba que, tras la
verificación o sospecha de muerte por Covid-19, personal médico tenía que acompañar
dicho proceso para posteriormente cremar el cadáver. Disposición que se cumplió
a medias.
Guayaquil posee tres centros
crematorios con capacidad para incinerar hasta ocho cuerpos en 24 horas cada
uno. Eso también desembocó en inhumaciones sin las normas de seguridad
sanitarias. Tanta era la desesperación de quienes tenían que aguantar el hedor
y el peligro, que los cadáveres empezaron a ‘aparecer’ abandonados en las
veredas.
Por eso, el 23 de marzo, el
Comité de Operaciones de Emergencia del Ecuador (COE) declaró a Guayas como una
zona de seguridad especial. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, anunció la
creación de una Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), liderada por Jorge Wated, para
realizar los levantamientos de cuerpos.
Desde ese día, hasta el pasado 12
de abril, la FTC ha registrado 1878 muertes solo en hospitales y casas de
Guayaquil. Ha prometido darles a todos los cadáveres una “sepultura digna”, luego
de que las redes sociales se llenaran de denuncias sobre cadáveres
desaparecidos, sobre todo en los hospitales del Guasmo Sur, de Los Ceibos y el
Teodoro Maldonado.
Esto también fue un duro golpe
para los deudos. Ecuador es un país donde 8 de cada 10 personas es religiosa y
acostumbraban a celebrar rituales fúnebres que implicaba velar al fallecido
por, al menos, 24 horas y realizar una misa mayoritariamente Católica. El
sacerdote Freddy Valencia, vicario episcopal de la zona Norte de Guayaquil,
lamenta que a la pena por el fallecimiento de una persona, también se esfume la
posibilidad de despedirlo con una eucaristía. Resalta que la fe juega un papel
importante durante la crisis y que cada ecuatoriano deberá fortalecerla desde
su casa. Las iglesias cerraron sus puertas desde que empezó la emergencia.
Al igual que Carla, muchos otros
parientes han esperado semanas para dar con el paradero de los restos de sus
seres queridos. A no poder realizar un velatorio, el único consuelo que les
queda es identificarlos y sepultarlos, pero hasta eso es esquivo en Ecuador. La
promesa de la FTC es que todos tengan una sepultura con identificación en los
cementerios Parque de La Paz La Aurora, para los fallecidos en el sistema de la
Seguridad Social; y el Campo Eterno Pascuales, para los difuntos de hospitales
del MSP, viviendas y clínicas privadas.
Además, la Municipalidad de
Guayaquil presidida por la alcaldesa Cynthia Vieri, anunció la construcción de
dos nuevos camposantos. Según Wated, a diario sepultan 150 fallecidos en el
cementerio Jardines de la Esperanza, 120 en Parque de la Paz y 120 en la Junta
de Beneficencia. El promedio antes de la pandemia, era de 30 a 40 en cada uno.
Ese mismo día, el presidente de
la República, Lenín Moreno pidió “más responsabilidad” a los guayaquileños para
respetar las restricciones de movilidad que mantienen el país: un toque de
queda desde las 14:00 hasta las 05:00 y limitaciones vehiculares que se
respetan cada día menos.
En Ecuador, al igual que muchos
países latinoamericanos, 3,6 millones de personas trabajan en la informalidad,
de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de
diciembre de 2019. Para estas personas,
que viven del día a día, quedarse en casa a cumplir la cuarentena significa
dejar de comer.
Esto se refleja en el centro de
la ciudad, que durante los primeros días del toque de queda lucía despoblado. Antes
de ello, los primeros en cerrar sus negocios eran los comerciantes asiáticos.
El virus redireccionó el miedo con tintes de sinofobia que empezaba a pulular
en el ambiente. Xavier Wong, chino y administrador de un restaurante en la
zona, revela que antes de la emergencia ya había perdido a la mitad de sus
clientes. Luego, en el centro hubo más silencio que en un cementerio. Solo una
docena de mendigos pululaban en la Plaza San Francisco, esperando a que alguien
se apiade de ellos y les regalaran comida. Alfonso Montoya vive en la calle y
denunció no recibir ayuda de ningún tipo de parte de las autoridades.
Un mes después del aislamiento,
el centro se volvió a llenar de comerciantes que buscaban, con dificultad a la
clientela que llega de a poco. Verónica Anchundia se dedica a lustrar zapatos
en la zona y tiene terror del contagio, pero más miedo le da el hambre de sus
hijos.
Una situación similar empieza a
bullir en Quito, la capital del Ecuador, que a pesar de tener un menor número
de contagios, 856 hasta el 22 de abril, teme que la situación de Guayaquil se
replique. Cada vez es menos posible que una población que se navega entre una inevitable
crisis económica y el miedo al contagio, se quede en su casa.
Gelitza Robles
Texto publicado en la edición de fin de semana del periódico TAZ, de Alemania, el 25 de abril de 2020. https://taz.de/Corona-Krise-in-Lateinamerika/!5678393&s=Guayaquil/
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